En sesión conjunta, las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia del Congreso local analizaron y aprobaron de manera favorable dos importantes iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal en materia judicial y de protección ambiental en la entidad.
Como primer punto del orden del día, las y los legisladores aprobaron la propuesta para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que plantea una reestructuración integral de este poder, con el objetivo de alinearlo con la reciente reforma constitucional en materia judicial y garantizar un acceso efectivo a una justicia pronta y expedita.
Durante su intervención, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández señaló que esta iniciativa tiene como objetivo consolidar la transformación del Poder Judicial, sentando las bases para fortalecer su independencia, profesionalización y transparencia, en línea con el compromiso de establecer un sistema de justicia eficiente, cercano y democrático.
Entre los elementos centrales de esta propuesta se contempla que las personas juzgadoras puedan ser electas mediante procesos de elección popular, con el fin de fortalecer su legitimidad y cercanía con la ciudadanía.
Asimismo, se plantea la eliminación del haber de retiro para funcionarios judiciales, en una medida que responde a los principios de austeridad y rendición de cuentas.
Como parte de la reestructuración institucional, se propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial, que será el órgano encargado de velar por la disciplina interna del Poder Judicial. Este tribunal contará con el respaldo de una instancia de evaluación de desempeño judicial, que contribuirá a las labores de supervisión y control.
También se establece la creación de un órgano de administración judicial, responsable de la gestión de los recursos materiales, humanos y de servicios, bajo una lógica de eficiencia administrativa y sin gastos excesivos.
Además, se reduce de diez a nueve años la duración del encargo de las y los magistrados, y se dispone que la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia se renovará cada cinco años, de forma rotatoria y conforme al número de votos obtenidos por cada candidatura, respetando el principio de paridad de género.
La propuesta también incorpora nuevas áreas administrativas diseñadas estratégicamente para optimizar el funcionamiento institucional y establece medidas concretas para erradicar el nepotismo, con el fin de profesionalizar el servicio judicial y garantizar procesos de selección transparentes y meritocráticos.
Posteriormente, las comisiones aprobaron también la iniciativa que reforma el Código Penal del Estado para ampliar el contenido del delito de incendios. La modificación incluye como conducta punible la acumulación de residuos sólidos o el crecimiento desmedido de vegetación en predios, cuando estas condiciones propicien o faciliten el inicio de un incendio.
Al respecto, la legisladora Guillermina Magaly Deandar Robinson advirtió que este tipo de situaciones, derivadas de la omisión o negligencia en propiedades privadas, representan un riesgo significativo no solo para el medio ambiente, sino también para la seguridad de la población. Por ello, la propuesta, que adiciona un tercer párrafo al artículo 463 del Código Penal, fue aprobada por mayoría, con el objetivo de sancionar estas conductas y prevenir sus consecuencias.
