Este lunes, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó dos iniciativas de decreto para modificar el Código Penal del estado, con el objetivo de establecer penas de prisión que van de siete a 15 años para quienes utilicen drones con fines delictivos.
En su intervención, la Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano, destacó que las iniciativas buscan reconocer una nueva dimensión de la violencia en Tamaulipas, integrando en el Código Penal el uso de drones como parte de los «Delitos Contra la Seguridad de la Comunidad».
Señaló que de esta manera, se tipifica como delito el uso de aeronaves no tripuladas, tanto terrestres como voladoras, para realizar actividades ilícitas, sancionando esta conducta con penas de entre siete y 15 años de prisión.
La intención de quienes promueven estas acciones legislativas, surgen de la necesidad de mantener actualizadas nuestras disposiciones penales, acorde a la realidad social en la que nos encontramos, donde personas o grupos relacionados con la delincuencia han convertido estos drones, aeronaves piloteadas a distancia, así como aquellos de desplazamiento terrestre, en una herramienta para llevar a cabo conductas indebidas, que van desde actos de contrabando, tareas de videovigilancia, e incluso utilizarlos como armas, adaptando accesorios o artefactos explosivos, incendiarios o similares, con el fin de causar algún tipo de daño a la comunidad o contra las fuerzas de seguridad pública.
El 7 de junio del año pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de regular y sancionar el uso de drones con fines delictivos. De esta manera, las reformas en Tamaulipas buscan armonizar la legislación local con las disposiciones federales.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado ha emitido una opinión favorable sobre las iniciativas, reconociendo que las reformas contribuirán a la preservación del orden público y la paz social, fortaleciendo la seguridad en la entidad.
En relación a las propuestas, se recibió la opinión de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, institución que considero viable las iniciativas, aunque sugirió algunas adecuaciones en el artículo 171 Quater, fracción IX, del Código Penal Estatal, en concordancia con el Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Con estas reformas, Tamaulipas da un paso importante en la lucha contra los nuevos métodos de violencia que han emergido en el ámbito del crimen organizado, asegurando un marco legal más robusto y acorde a los tiempos actuales.
El Dictamen correspondiente será integrado al informe que se presente ante el Pleno Legislativo, en el momento oportuno sobre los trabajos del presente periodo de receso.
